Por Ary Pantoja (END)
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A juicio del vicemandatario, la Ley General de Aguas Nacionales, de la cual fue su impulsor durante los cinco años que fue presidente de la Comisión del Medioambiente y los Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, no deja ningún resquicio de posibilidad de privatización del vital recurso.
Morales Carazo considera “imprescindible” para los ciudadanos que el Estado de Nicaragua mantenga bajo su tutela los recursos naturales, y, sobre todo, el agua potable, por lo que, cualquier intención --velada o abierta--, de privatizar el vital líquido sería un atentado contra el pueblo nicaragüense.
“Uno de los principios fundamentales de la Ley General de Aguas Nacionales es que el recurso natural agua es patrimonio de la nación, y corresponde, por tanto, al Estado, promover el desarrollo económico y social por medio de la conservación, desarrollo y uso sostenible del mismo, evitando que pueda ser objeto de privatización alguna”, expresó Morales, dando lectura a esa disposición legislativa.
El vicepresidente recordó que, según la jerarquía, la Ley General de Aguas Nacionales estaría por encima de la Ley Orgánica de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, y, por tanto, invalidaría cualquier reforma con intenciones de privatizar el agua.
Candados de Ley del Agua
El artículo 4 de la Ley General de Aguas Nacionales también es claro en torno al servicio de agua potable, y establece que “el servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado, a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro”.
Al respecto, el vicepresidente Morales Carazo enfatizó que no existe posibilidad alguna de que a través de la reforma a la Ley Orgánica de Enacal se ejecute una privatización del recurso agua o del servicio de agua potable que, según dijo, son dos cosas diferentes.
El vicemandatario señaló que el Estado puede “delegar” la administración a una empresa, pero “sin perder la titularidad de la propiedad del bien, ni que pueda ser objeto de privatización alguna; administrar una cosa no quiere decir pasarle el derecho a la privatización”.
“Yo he sido contrario a todo proceso de privatización que ha sido precipitado y con carácter leonino, porque la experiencia me ha enseñado que las privatizaciones han sido una de las canteras más propicias para la corrupción en las economías de la época moderna”, reiteró Morales Carazo.
Según el vicepresidente, “en un país como Nicaragua, en extrema pobreza, con un sistema de distribución tan ineficiente y con grandes sectores de la población sin acceso al agua, venir a contemplar privatizarla, es un absurdo, y va contra la esencia de procurar el bienestar social de las mayorías”.
Para Morales Carazo, también resulta peligroso contemplar la posibilidad de que empresas mixtas (privadas-estatales) sean dueñas del servicio de agua potable, incluso aunque el Estado tenga la mayoría accionaria. “(Una privatización del agua) sería un disparate y algo totalmente contrario a la política que se ha venido hablando en los últimos años”, expresó.
Agregó que “si los procesos de privatización fueran perfectamente regulados y ordenados, en los que el Estado no pierda su participación como propietario del bien, pudiera darse la concesión de las distribuciones, pero en un bien tan delicado y susceptible como el agua y en países como el nuestro, debe ser del Estado”.
“Yo creo que debemos ser como Costa Rica y no privatizar los servicios telefónicos, eléctricos, etcétera”, señaló.
Diputados se oponen
Por su parte, el segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos García Bonilla, también rechazó cualquier intención de privatizar el agua potable y el servicio de alcantarillado, e igual que el vicepresidente recordó que la Ley General de Aguas Nacionales prohíbe de manera taxativa cualquier intención en ese sentido.
García dijo que de su bancada no saldrá ningún voto a favor de una reforma de ley que abra siquiera una posibilidad velada para privatizar el recurso.
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