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Así lo estableció el Poder Ejecutivo, quien oficializó este cobro mediante decreto presidencial publicado esta semana en La Gaceta.
Este cobro es exclusivo y se aplica a las empresas que utilizan el agua con fines industriales. El decreto número 17-2011, emitido por el presidente de la República, Daniel Ortega,
establece que el pago se hará a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), quien es el distribuidor de agua en el país.
Luis Ángel Montenegro, autoridad nacional del Agua (ANA), explicó ayer a LA PRENSA que este cobro o canon está dirigido básicamente a un mínimo de empresas del sector industrial, donde destacan las embotelladoras de agua purificada y las que venden bebidas —como Coca Cola y Pepsi—, rones y cervezas, que utilizan el agua para fabricar sus productos.
Este cobro había sido rechazado desde el año 2008 por los empresarios nacionales, quienes se opusieron al mismo.
Originalmente este cobro fue creado en el decreto ejecutivo 20-2008, publicado el cinco de mayo pasado en La Gaceta, donde se establecía un pago de 12 córdobas por cada metro cúbico de agua sustraída.
En medio de una lucha de recursos legales que emprendieron, los empresarios recurrieron de amparo y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien finalmente el año pasado emitió su fallo, autorizando el cobro.
CONSENSO CON EMPRESA PRIVADA
Montenegro explicó que el Gobierno determinó establecer un acercamiento con la empresa privada que ayudara a consensuar posiciones, logrando un “arreglo” y así establecer un cobro que no afectara el desarrollo económico de la industria.
“La Corte estableció que el cobro era legal. Pero para no crear afectaciones a la industria nacional se dialogó y determinó de forma consensuada con los empresarios aplicar un cobro de cinco centavos de dólar y no de 12 córdobas. Ahora el Gobierno lo que está haciendo es legalizar el nuevo monto del canon que fue previamente avalado por la Cámara de Industrias de Nicaragua y la ANA”, indicó.
Montenegro dijo que se aceptó la propuesta del sector privado para evitar que la competitividad resulte afectada. “Nosotros avalamos este cobro por el momento, mientras se logra dictaminar la Ley General de Cánones y Tarifas, (aceptamos que) se mantenga de esta manera”, argumentó.
INICIAN CONSULTAS
Por otro lado, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos inició ayer el proceso de consultas del proyecto de ley que promueve reformas a las leyes orgánicas de Enacal y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).
Este proyecto busca crear condiciones de inversión para mejorar la distribución de agua en el país. Se establecerán nuevos cobros diferenciados para las tarifas de agua del sector domiciliar y del sector comercial.
TARIFA SUBSIDIADA
El proyecto plantea cobros por volúmenes de agua consumida, estableciendo rangos que van desde los 20 metros cúbicos para el sector domiciliar, donde se dejará una tarifa subsidiada.
En el caso del sector comercial, se establecerán cobros que van desde los 50 metros cúbicos hasta por encima de los 100, que tendrán un pago diferente.
Eliseo Núñez, presidente de la Comisión de Infraestructura, dijo que los primeros consultados fueron los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), entes autónomos que desarrollan proyectos de agua potable en zonas rurales donde este servicio no existe.
Núñez explicó que los CAPS propusieron a los diputados establecer en el proyecto de ley un rango de tarifas subsidiadas que les permita comercializar el agua a los pobladores de las zonas rurales que son muy pobres. “Tenemos que proteger el desarrollo de proyectos y beneficiar a los CAPS, que ejecutan proyectos independientes, con un mínimo de presupuesto”, especificó.
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