Debate húmedo

Martín Cuadra-SIMAS

Con la participación de miembros de CAPS, delegados de alcaldías municipales, organizaciones comunitarias, ONG nacionales y de Cooperación Internacional relacionadas con el tema Agua y Saneamiento, se realizó el Foro Nacional del sub sector Agua y Saneamiento Una agenda para la institucionalidad pública del Agua Potable y Saneamiento en las instalaciones de la Universidad Nacional de Nicaragua, organizado por la Alianza Nicaragüense de Cooperación para el Aprovechamiento y la Protección de los Recursos Hídricos (GWP-Nicaragua por sus siglas en inglés) y la Red Nicaragüense de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (RED CAPS).


El objetivo del foro fue contribuir a la identificación de los aspectos esenciales de una agenda del sub sector Agua y Saneamiento en Nicaragua y así elaborar una propuesta de agenda de país sobre este recurso. En esta dirección se examinó los elementos que ofrecen las normas jurídicas, Ley General de Medio Ambiente y recursos naturales, Ley General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Ley General de Agua Nacionales, Ley Especial de CAPS entre otras.

Entre los expositores estuvieron el Dr. Melvin Wallace, consultor independiente, quién realizando un análisis del marco jurídico, dejó evidencia de las contradicciones y vacíos de la Ley 620 y su reglamento recientemente modificado, en el que se muestra una tendencia a la involución de los logros anteriormente alcanzados. Por parte del gobierno, estuvo Roberto Araquistain Vice-ministro de MARENA, por sociedad civil Juan de Dios Benavides, coordinador nacional de la Red CAPS y Clemente Martínez del Comité de Acción Global.

Tener voz para demandar y proponer

Juan de Dios Benavides explicó el trabajo organizativo de los CAPS durante los últimos tres años. “Los CAPS queríamos hablar, tener vos pero no teníamos la oportunidad. Hoy se demuestra que si tenemos la capacidad a nivel comunitario, educando, organizando, participando, visibilizando, incidiendo”, señaló.

Explicó que los CAPS representan alrededor de 5 mil comités distribuidos en el país, teniendo como usuarios del agua entre uno y dos millones de personas y el aporte voluntario de unas 30 mil personas que trabajan de manera para sus comunidades.

Indicó que han venido trabajando y articulando esfuerzos alrededor de la aplicación de la Ley 620 y su reglamento, siendo algunas de sus demandas recursos en el Presupuesto General de la República para la implementación de lo establecido en la Ley, definición de mecanismos para atender los conflictos de la propiedad relacionados con el agua, la necesidad de que se elaboré y apruebe las leyes de Canon y Pago por Servicios Ambientales Hídricos y una efectiva coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Sobre la Ley Especial de CAPS, el dirigente CAPS expresó que el movimiento celebra la aprobación de la Ley 722 o Ley Especial de CAPS ya que trae beneficios y derechos para los comunitarios, en especial porque brinda legalidad a los mismos. Expresó con claridad:

1. La Ley 722 nos brinda la legalidad, pero hace falta que el reglamento de la Ley deje claro que esto equivale a la personalidad jurídica de los CAPS, que permitirá lograr la propiedad sobre las fuentes y equipos, así como la apertura de cuentas bancaria.
2. La acción de la inscripción debe ser solamente potestad de los CAPS, recibiendo el apoyo de cualquier institución que esté dispuesta a brindarla.
3. Es importante el que se haya establecido una tarifa eléctrica de apoyo a los CAPS que usan la misma en el bombeo eléctrico, pero el reglamento debe dejar claro los plazos para que la misma se haga efectiva, porque el precio de la energía es una fuerte amenaza para el acceso al agua por parte de la población.
4. La Ley establece exoneraciones para los CAPS, por tanto su reglamento debe dejar claro los pasos y plazos para que los CAPS accedan a los mismos, incluyendo la exoneración de impuestos de importaciones.

“En este momento la Red CAPS está realizando un proceso de fortalecimiento y de gestión en todos los espacios públicos. Estamos dedicados a trabajar porque los CAPS conozcan su Ley 722, que empiecen a realizarse una inscripción masiva de los CAPS en la mayor cantidad de municipios para que los beneficios y derechos establecidos en la Ley 722 se hagan efectivos”, finalizó Benavides.

Para Eduardo Zamora, facilitador de la REDCAPS, el evento tuvo un impacto positivo para ir consolidando el trabajo del movimiento a favor del derecho al agua y saneamiento y su reconocimiento nacional como un actor importante e influyente. Para Zamora tres son las tres grandes conclusiones del evento:

• Se evidencia la complejidad del escenario de agua y saneamiento en el país.
• Que a pesar de la existencia de un marco jurídico en el país, por cierto incompleto-, se evidencia los grandes vacíos, problemas y contradicciones, por ejemplo, entre la Ley General de Agua (Ley 620) y su nuevo reglamento.
• La existencia de un movimiento social rural, que viene tomando fuerza desde las comunidades y comarcas y que contribuyen a dar un poco de estabilidad y cumplimiento de los derechos humanos al acceso al agua.